Por Jesús Saúl Domínguez López
Quedaron atrás las épocas en las que México era un paso obligado para los millones de migrantes que buscar llegar a Estados Unidos de América en busca del famoso sueño americano, la migración dejó de presentarse de país pobre a país rico, para ser entre países de la misma región.
Lo anterior, como consecuencia, principalmente, del desarrollo que tuvo México en los últimos años, lo que ha hecho que aquellos migrantes de todas partes del mundo que huían de violencia, inseguridad, crisis ambiental y pobreza, y que no lograron internarse en los Estados Unidos, hayan considerado adoptar este país como un destino para comenzar de nuevo.
A partir de mediados de octubre de 2018, diversos grupos de personas se movilizaron por tierra a través de las fronteras internacionales con el objetivo de llegar a la frontera de Estados Unidos con México, a dicho fenómeno en su conjunto se le conoció como las “caravanas migrantes”.
La primera caravana, en octubre de 2018, despertó un gran interés por la comunidad nacional e internacional, se trató de alrededor de siete mil personas, con una composición equilibrada respecto a sexo y una destacada presencia de mujeres, niñas y niños, personas adultas mayores y familias completas, procedentes del triángulo norte de Centroamérica.
Desde ese momento hasta abril 2019, se realizaron otras seis caravanas de migrantes que en su conjunto sumaban aproximadamente 4,500 personas, las cuales también tuvieron como objetivo llegar al cruce con los Estados Unidos o explorar esa opción.
Por el tipo de fenómeno del que se trataba, la respuesta natural e institucional fue el control migratorio en frontera; sin embargo, las capacidades del Estado Mexicano y, en particular, del Instituto Nacional de Migración fueron rebasadas y lo único que se demostró fue que no se contaba con la preparación para atender con responsabilidad una situación sumamente delicada, la realidad se impuso en los últimos días de la administración peñista y se evidenciaron la carencia y la improvisación para brindar atención y ayuda humanitaria a la primera caravana migrante.
Aunado a lo anterior, la coyuntura política jugó un papel importante, la transición presidencial de Enrique Peña Nieto a Andrés Manuel López Obrador, quien sin haber asumido el cargo manifestó una actitud proactiva en relación con la migración centroamericana.
Así, en la segunda caravana que tuvo lugar el 17 de enero de 2019, a diferencia de la primera, López Obrador decidió recibirla con los brazos abiertos y dando la bienvenida. Esta caravana estuvo conformada por alrededor de trece mil personas de origen centroamericano, con una composición más diversa por nacionalidades.
La estrategia para responder a esta segunda oleada fue el otorgamiento
generalizado de visas humanitarias, las cuales se dieron “hasta que el programa se cerró”.
De acuerdo con las autoridades migratorias, con dicha medida, los migrantes ya podían estar de forma regular en México y tenían oportunidad de trabajar en el país; sin embargo, con el crecimiento exponencial de las internaciones irregulares, el otorgamiento de una condición migratoria indiscriminada y la ausencia de medidas de control migratorio, se generó tensión y amenazas de Estados Unidos a México, con lo que las autoridades migratorias optaron por dar documentación de Visitante Fronterizo, que aunque la Ley sólo establece esa condición para personas de los países de Guatemala y Belice, las autoridades migratorias tomaron la decisión de otorgarla también a los Hondureños y Salvadoreños, para que los migrantes trabajaran en territorio mexicano, pero sólo en los estados de Chiapas, Campeche, Tabasco y Quintana Roo.
La problemática se presentó en poco tiempo, cuando muchos migrantes no permanecieron en dichas entidades federativas, lo que generó múltiples deportaciones por la pérdida de la condición migratoria al abandonar los referidos estados.
Como consecuencia de la parálisis de los filtros de revisión en la frontera sur, y ante los extraordinarios flujos humanos que llegaron de improviso, el fenómeno de la caravana migrante conllevó los problemas que representan el ingreso desordenado de grandes grupos de migrantes al territorio de cualquier Estado; el primero, una enorme ventana de oportunidad para grupos de delincuencia organizada relacionados principalmente con trata de personas, pornografía y explotación infantil, y el segundo, un incremento en la incidencia delictiva en los estados del sur de México, sin perder de vista tampoco que los precios y costos para el coyotaje y tránsito migratorio irregular desde Centroamérica hasta los Estados Unidos, pasando por México, sufrieron incrementos por las medidas de reforzamiento de fronteras, cuando las tensiones con el gobierno de los Estados Unidos comenzaron a incrementar.
En todo este contexto, se destaca la insuficiente fuerza de trabajo con la que contaba el Instituto Nacional de Migración, que no tenía ni la preparación ni el equipo para ordenar y contener el flujo migratorio derivado de las caravanas migrantes. Como consecuencia de ello, el gobierno federal mexicano optó por el despliegue de elementos de la Policía Federal en la frontera sur, lo que parcialmente representó una acción acertada por parte de la administración federal, siempre que existe la exigencia a cualquier gobierno del control de sus fronteras nacionales a fin de evitar el ingreso no controlado de migrantes. Sin embargo, dicha acción que a la larga transitó en el despliegue de la guardia nacional, también fue criticada bajo el argumento de la solidaridad y la protección de los derechos humanos de los migrantes.
La permanencia de los extranjeros en territorio mexicano se debe así, primero a los fallidos intentos de cruzar la frontera y, segundo, a la espera para el ingreso a los Estados Unidos y la resolución de la solicitud de asilo en dicho país, lo que generó solicitudes de condición de refugiado en México, principalmente por extranjeros de El Salvador, Guatemala y Honduras, trámites que se rezagaron en la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado por la carencia de personal suficiente para atenderlos.
Actualmente, se sabe que existen aproximadamente 5,800 extranjeros en condición irregular por los diversos estados de México, principalmente en Chiapas, sin embargo, lo cierto es que no se tienen cifras precisas de los migrantes que atravesaron el país y se quedaron de forma irregular.
Originario de la Ciudad de México, Licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México y Maestro en Derecho Administrativo por la Universidad Panamericana, con experiencia en los sectores público y privado en las áreas de
responsabilidades administrativas, auditoría gubernamental, rendición de cuentas, contrataciones públicas y derecho migratorio. En el ámbito gubernamental ocupó el cargo de Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Querétaro, en el año 2019. Asimismo, se desempeñó como Director General Adjunto Consultivo y de Mejora de la Gestión Pública Estatal y Director de Auditoría de la Secretaría de la Función Pública de 2011 a 2019.
Actualmente, entre otras actividades, realiza labores de consulta académica, en materia de derecho administrativo, fundamentalmente de rendición de cuentas y derecho migratorio.
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