En un fallo histórico, la Junta de Relaciones Laborales de Ontario determinó que la granja Scotlynn Growers violó la ley al despedir al trabajador mexicano, Gabriel Flores, por denunciar las malas condiciones de vida y de trabajo en sus instalaciones durante la pandemia de COVID-19.

La empresa recibió ahora la orden de pagar a Flores, quien permanece en Canadá, $ 20,000 en salarios perdidos y $ 5,000 en daños por la angustia causada por su despido.

La defensa del mexicano consideró que se trata de la primera victoria para un trabajador agrícola temporal en la historia de la provincia.  

De acuerdo con un reportaje del periódico Toronto Star, en su decisión, la junta señaló que Flores era «particularmente vulnerable» porque no hablaba inglés y, como trabajador agrícola de temporada, dependía de Scotlynn para obtener salarios, alojamiento y transporte. 

La junta determinó que la finca debería haber tenido aún más cuidado en sus tratos con Flores, ya que cualquier represalia podría «causar una herida mucho más profunda de lo que podría ocurrir en la relación laboral tradicional».

Flores, quien ha viajado a Canadá por temporadas desde México durante varios años, dijo en su testimonio que compartía alojamiento con otros 13 trabajadores en Scotlynn. Habiendo dado positivo por el virus él mismo, vio a su compañero de litera, Juan López Chaparro, de 55 años, caer enfermo en mayo. Flores dijo que Chaparro le dijo que tenía fiebre y dolor de pulmón, pero que no recibió atención médica de inmediato.

Finalmente, Chaparro fue hospitalizado y el padre de cuatro murió por complicaciones del COVID-19 a fines de junio. En una reunión con los supervisores de Scotlynn para informar a los trabajadores de la muerte, Flores expresó su preocupación por los problemas de salud y seguridad en la granja. Al día siguiente, el fundador y ex propietario de Scotlynn, Robert Biddle, lo despidió y le dijeron que lo enviarían de regreso a México.

En el artículo de la reportera Sara Motjehedzadeh, se consigna que “al negarles a los trabajadores el estatus migratorio permanente, el sistema de inmigración les ha dado a los empleadores la herramienta con la cual intimidar y castigar a los trabajadores por hacer valer sus derechos”, según declaró a la periodista el activista Karen Cocq de Migrant Workers Alliance for Change.

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